Justo cuando en en España se está hablando del cierre de webs y blogs, China nos sirve un ejemplo de lo que podría pasar en el mundo del periodismo si progresan las ideas de la Ministra de Cultura. Un experimento de colaboración con la comunidad de traductores de la web Yeeyan para publicar una selección de notícias de The Guardian en mandarín ha sido cerrado por las autoridades chinas.

La web principal de Yeeyan, que también publica otros materiales traducidos por sus miembros, también ha sido cerrado. Y sin ninguna explicación. The Guardian está pidiendo al gobierno chino que dé algún motivo acerca de por qué se cerró el sitio y cuando se le permitirá reanudar la publicación.

Alan Rusbridger, editor en jefe de The Guardian News & Media, dijo: «Este es una situación muy desconcertante. Yeeyan es una maravillosa comunidad de traductores voluntarios, en su mayoría, que facilitan que los usuarios chinos de Internet accedan a una amplia gama de contenidos publicados fuera de China, incluyendo las notícias de The Guardian y los comentarios».

«Esperamos que esta medida no representa un intento de suprimir las ideas del periodismo independiente, y que las autoridades chinas nos puedan asegurar que se le permitirá reanudar la publicación a Yeeyan y The Guardian».

Yeeyan es la mayor comunidad de traducción en China. En junio de este año, había más de 90.000 usuarios registrados, de los que alrededor de 5.000 eran traductores que han publicado cerca de 30.000 traducciones en la web.

China tiene más de 300 millones de usuarios de Internet y utiliza, probablemente, los controles más estrictos del mundo sobre lo que se puede ver o dejar de ver en la red. La línea oficial del gobierno chino es que no existe la censura en China. Pero tiene un gran número de tutores de Internet que velan por la web, elaboran listas negras de sitios web y filtran los contenidos sensibles.

¿Tenemos que sacar conclusiones de lo que podría pasar en España?

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia

Este texto se publica multitud de sitios web. Si estás de acuerdo, publícalo también en tu blog.